Las sanciones suponen unos ingresos mínimos de unos 17 millones de euros.

CiU promete derogarlo en caso de ganar las elecciones y hasta dos terceras partes del tripartito piden flexibilizar una medida más que polémica. El límite de 80 kilómetros por hora en el área de Barcelona se empezó a aplicar el 1 de diciembre de 2007, y desde que se pudo empezar a sancionar –justo un mes después– ha supuesto un ingreso mínimo para las arcas de la Generalitat de más de 17.000.000 de euros en apenas dos años.

El Servei Català de Trànsit impuso durante ese lapso de tiempo 170.499 multas, –sanciones que ya son firmes–. Multas que,según defiende la entidad, suponen un ínfimo porcentaje –el 0,0026 por ciento– de los más de 600 millones de coches que circularon bajo los radares de la zona 80.

El debate sobre la eficacia de la medida lleva abierto más de dos años. Desde la conselleria de Medi Ambient, liderada por Francesc Baltasar (ICV), aseguran que la polución atomósferica y las emisiones contaminantes se han reducido un 12 por ciento desde que se implantó la medida, aunque no ha conseguido superar las expectativas, ya que las previsiones iniciales eran de un descenso del 17 por ciento.

Entre abril y mayo de este año, el debate sobre si las noches, que registran un descenso del nivel de tráfico, deberían librarse del límite 80 asaltó a la actualidad política y el propio Montilla no puso objeciones a estudiarlo en el Parlament. El president aseguró que la limitación de velocidad tiene aspectos «discutibles» y dejó la puerta abierta a posibles «cambios».