El fiscal especial de Tráfico, Bartolomé Vargas, quiere atribuir responsabilidad penal a los ingenieros de carreteras y funcionarios por cuyo mal trabajo se desencadenen accidentes de tráfico.

La fiscalía pretende que si una carretera mal diseñada, construida o conservada provoca accidentes, los responsables de ello asuman consecuencias penales. Por responsables, Vargas entiende también que son la empresa constructora, la concesionaria de la autopista y los titulares de la vía, es decir, la administración responsable de una carretera, ya sea el Ministerio de Fomento, una Comunidad Autónoma, Diputación Provincial o Ayuntamiento.